25 años ¿De qué me sirve la política?

En los últimos 25 años pasó de todo o no pasó casi nada, según cómo se vea. El mundo cambió: se hicieron y deshicieron países, hubo guerras, cambió el modo en el que las guerras se desarrollan, cambió el modo en el que nos informamos del modo en que cambian las cosas. En ciertos aspectos mejoró la calidad de vida de mucha gente, y en otros aspectos empeoró. Pero  también podemos decir que el mundo no cambió: seguimos habitando un mundo que tiene sus mismos problemas y virtudes, con lazos solidarios e insolidarios atravesando nuestra vida común, con empatías sesgadas por intereses sectoriales, con una tensión perpetua entre pedazos de la sociedad que se oponen entre sí. Lo que se advierte de manera fatal es que el mundo sigue siendo injusto.

Igual que hoy, hace 25 años la política era acusada de ser portadora y reproductora de esa injusticia en el mundo, o bien reivindicada como la vía natural del combate contra la injusticia. La política era, para unos y para otros, la forma de hacerse con el poder para establecer las condiciones del mundo. En aquél momento, el pensamiento democrático se consolidaba en occidente y se imponía en el mundo como la forma pacífica de dirimir la toma del poder y orientarla hacia el consenso, de forma que los intereses contrapuestos pudieran negociar una gestión de la vida común. O al menos esa era su campaña, su modo de darse sentido, su justificación.

La democracia se hizo lugar en contraposición a modelos totalitarios, reales y ficticios, componiendo un reduccionismo binario que decantaba en una reivindicación por defecto: la democracia era el mejor sistema posible, lo cual implica siempre, necesariamente, que era el menos malo. Porque la condición de posibilidad, lo que hace de un sistema que sea “el mejor posible”, es que nunca acaba de ser bueno. La democracia, en virtud del consenso como su razón de ser y su sentido primero, es reivindicable en la justa medida en que opere cierta aceptación de lo malo, la aceptación de que las cosas han de ser siempre un resultado en diagonal entre aquellas cosas que se reclaman como justas y aquellas que se reclaman desde las otras partes en la mesa de negociación. No una diagonal entre las condiciones físicas de la vida natural y las capacidades humanas, sino la diagonal entre opiniones distintas, posiciones interesadas a las que se ha reducido el concepto de verdad.

En este sentido se vuelve trasparente un primer aspecto de la democracia: para la democracia, la política es la negociación de los intereses existentes.

Esta concepción de la política ganó su lugar en la medida en que se opuso a la idea de imposición. Del otro lado quedaron las políticas que consideraban la imposición como su lógica matriz, la imposición, ante un mundo injusto, de una transformación considerada como justa. Lo que se ponía en juego hace 25 años, en un segundo amanecer democrático, era una idea de justicia contingente, determinada por las partes interesadas en una mesa de negociación, contra una justicia necesaria o trascendente, una justicia que diera un sentido a la gestión de los asuntos comunes más allá de lo que dijeran las partes interesadas.

Hizo falta un suelo tenebroso para que se estableciera una noción de justicia que anule por completo su carácter absoluto y se confine a lo resultante de una negociación. La democracia es un fruto amargo que nació de un suelo abonado de horror. Tanto las dos guerras mundiales como las dictaduras esparcidas por el mundo entero en el siglo XX, hicieron de la democracia el mejor de los sistemas posibles, permitieron componer una legitimación por antonomasia. Si no es esto, es aquello, y aquello es el horror.

Las democracias contemporáneas son impensables de no ser por los horrores que denuncian. Son tanto o más dependientes del horror que los propios sistemas que lo hicieron andar. El derecho internacional, que vela por la razón democrática, así como la liturgia escolar de los Estados de Derecho, son portadoras de un sistema de terror que amenaza con lo impensable, con el horror, al modo de un asaltante en el camino que exige una de dos: la plata o la vida.

De modo que la democracia contemporánea es un modelo hobbesiano más refinado que el corporativo, donde el Leviatán está introyectado, una especie de reforma luterana en la cual la función papal es desplazada hacia un perpetuo vigilante interior. En su aspecto moralizante y en su legitimación por antonomasia, la democracia es una forma sublimada de los estados religiosos.

Agreguemos también el hecho nada menor de que la democracia contemporánea es una democracia representativa. En efecto, aquellos que se sientan a negociar la justicia lo hacen en nombre de todos los demás. Son los representantes, una casta dinámica, medianamente renovable, en la que un subgrupo de abogados y legistas, de vez en cuando algún obrero o algún que otro famosillo de farándula, pretende defender los intereses de quienes le otorgaron el privilegio y la dieta. Esto hace de la democracia el gran sistema de los irresponsables, en el que una casta de ciudadanos delegan la responsabilidad colectiva y singular de la decisión sobre los asuntos comunes en los representantes, al punto de exigir y demandar que “alguien haga algo”, cada vez que algún asunto se pone complicado.

Aún en los casos, muy numerosos por cierto, en que el juicio despectivo sobre los representantes en sí fuera exagerado o injusto, y el desempeño de la representación sea notable y honesto, es la distancia fatal de lo presentado y lo representado lo que condena a fallar a un sistema que pretenda justicia a través de la representación, muy especialmente cuando el concepto de justicia es contingente y por lo tanto no es posible echar mano a ninguna sacralización. Si la justicia es resultado de la negociación de intereses, la representación no tiene sentido alguno, a menos que se asuma que estos intereses son trascendentes de los interesados con lo cual carece de sentido cualquier negociación que pretenda justicia. En definitiva, el sistema democrático, para no caer en el más absurdo sinsentido, debería prescindir o bien de la representación, o bien de la justicia.

Hace 25 años, caía un muro y caía la aventura primera de las democracias latinoamericanas dando lugar a una década de avance sistemático de un nuevo personaje que pronto habría de convertirse en fantasmático: el neoliberalismo. Un personaje taimado, al cual tanto confiamos y tan mal nos ha pagado. Este pequeño gran monstruo es el emergente de un liberalismo que entiende que no puede sobrevivir sin la presencia de un Estado gendarme.

La política se ordenó, por fin completamente, en la gestión de intereses. La economía como determinante en última instancia de la política, ganó por fin su lugar y se impuso: del oro venimos y al oro vamos. Todo empieza y termina en la capacidad de consumo que tengan los cuerpos humanos. De la máxima posmoderna según la cuál sólo hay cuerpos y lenguajes, han primado tan sólo los cuerpos, y el lenguaje ha sido puesto al servicio de una producción de realidad adecuada al consumo de los cuerpos. Ya hemos entendido que la realidad es producto del lenguaje, y hemos aceptado que tan sólo hay contingencia sin dios. Sólo hay cuerpos, aparatos biológicos deseantes en los que el deseo aparece como automatismo neurológico ante estímulos diversos y mutables. La justicia es una convención negociada y la verdad es la razón del interés lanzada como una carta de póquer.

Al momento de la crisis (porque siempre acontece la crisis) las reacciones no se hicieron esperar. Agazapados en la convivencia pacífica, estaban los discursos clausurados a la espera de su resucitación, y las antinomias de nuevo salvaron las papas. Nuestro fantasmático neoliberalismo se convirtió de salvador en único culpable y la respuesta conservadora ha sido la epifanía ante un Estado benefactor capaz de bregar por una justicia errática, rara mezcla de Musetta y de Mimí que consiste en conciliar la justicia necesaria y contingente. Negociación de intereses en nombre de una verdad suprema, nombrada como pueblo, que invoca en definitiva los intereses contingentes de las víctimas de la crueldad eterna del capitalismo para componer ciertos esquemas de negociación garantes de la continuidad del capitalismo. Un galimatías fabuloso para consolidar lo que existe en nombre de su propia defunción.

Así las cosas, hay algo que está claro y que atraviesa al menos los últimos 25 años de forma medular: la política, atada a la gestión del poder, devino en pura gestión de intereses al interior de un mundo en el que lo único que importa es el consumo [1]Ruego se me permita esta única nota aclaratoria. La cuestión del consumo está sobredimensionada actualmente. No creo que haya ningún problema con el consumo que no sea su falta o su desproporción. El consumo es el sentido mismo de la economía y es, por lo tanto, una pieza clave de la sociedad, al punto de ser un sentido suficiente para que la humanidad no sea una agregación maquínica de individuos animales. El tema es que es eso, ni más ni menos: un asunto económico, y no un asunto político. La glorificación del consumo implica la imposición de la razón económica al pensamiento político, y es por eso que aquí aparece como uno de los malos del cuento. y sus discursos legitimantes. La Dignidad, la Patria y demás artilugios del nacionalismo contemporáneo son composiciones avejentadas cuya función es meramente azuzar el fuego ilusorio de un interés común capaz de ocultar detrás de las cortinas el hecho de que el fantasma neoliberal no es tan diferente, como se pretende, de aquél Estado de Bienestar al uso posmoderno del siglo XXI.

En este contexto la aparición de un pensamiento de la política con la potencia de subvertir el estado de cosas es algo que merece la atención mucho más allá de la ansiedad que opera en las miradas pragmáticas de la transformación social. Como una suerte de continuación del pensamiento revolucionario del siglo XIX, como una consecuencia contemporánea de aquél espíritu insaciable que se negó a aceptar del mundo su versión menos mala, hay marcas de un pensamiento político emancipativo en un doble sentido: por un lado, destinado a la emancipación social; por el otro emancipado de su propio antecedente.

Una posición política no es solamente una posición en el mundo, un pensamiento del mundo, sino también un posicionamiento respecto de lo que la política es y no es, y que está, necesariamente, ligado a su contexto. Afirmar que la política es distinta de la gestión de intereses y que, por lo tanto, cualquier afirmación que ligue la política a la representación es una política conservadora, es un primer signo que marca el carácter emancipativo de esa posición.

Cuando una política está atada a la reivindicación de intereses, sea en nombre de las víctimas de un mundo injusto o en nombre de los victimarios, queda atrapada en la administración de la injusticia. Asume, tácita o explícitamente, que la justicia es el resultado de una posición dominante, negociada o no, y le imprime el carácter compensatorio del derecho. Es un esquema que desliga al pensamiento de la política de cualquier concepto de justicia que no sea la imposición de un interés por sobre otro. Esta imposición podrá ser plena, como en aquellos modelos que la democracia acusa de totalitarios, o contenida en la relación de fuerzas que define una mesa de negociación, como la democracia reivindica para sí. Pero, en cualquier caso, se trata de una imposición de intereses existentes en el mundo.

De modo que una política que se desligue de esos intereses, tendrá la potencia de pensar el mundo de un modo radical, lo cual es condición necesaria para cualquier transformación que no sea un maquillaje circunstancial. En otras palabras, la única manera de pensar mínimamente la posibilidad de que las injusticias actuales sean vencidas de algún modo, implica abandonar la ilusión de administrarlas distinto.

Esta autonomía de la política respecto de los intereses existentes es la que abre un campo en el pensamiento colectivo capaz de subvertir el orden vigente del mundo. Cuando en el siglo XIX el pensamiento revolucionario se consolida, lo hace en virtud de una idea radical: la única forma de acabar con las injusticias del sistema socioeconómico era revolucionar la sociedad, cambiar de cuajo su propia matriz. Cuando el movimiento obrero abonó el pensamiento revolucionario, lo hizo en la convicción de que la lucha de clases sólo podía agotarse con la abolición de la sociedad de clases, y no con la toma del poder de las clases subalternas. Los intereses de una clase social sólo podían permanecer si las condiciones que los producían se mantenían vigentes. Incluso quienes promulgaron trágicamente la toma del poder por parte de los trabajadores, aún en la figura emblemática de la dictadura del proletariado y más allá de las tantas aberraciones, torsiones y distorsiones conceptuales, asumían que tal instancia no era sino transitoria, en virtud de la convicción de que la única manera de abolir la injusticia implicaba acabar con sus causas primeras.

Con el diario del lunes, a la vuelta de campana, 25 años después del agotamiento definitivo de los modelos ya clásicos de aquél pensamiento, lo que subsiste es, precisamente, el concepto primario que le dio lugar. No se trata, y nunca se trató, de dar vuelta la tortilla.

De aquella tradición tomamos múltiples piezas fundamentales y, al mismo tiempo, asumimos la imperiosa necesidad de abandonar ciertas composiciones paradigmáticas que se han mostrado inconducentes. Ya no es pensable, desde un punto de vista político-emancipativo, que la política sea un resultado necesario de alguna determinación económica o filosófica. Esto es actualmente lo que soporta el pensamiento político-gestor, en el orden en el que todo lo que la política del mal menor tiene como horizonte es administrar intereses económicos. Números, estadísticas, consensos, negociaciones.

Ya no es pensable que algo de lo político, en el sentido emancipativo, pueda estar operando en mecanismos representativos. Esto arruina cualquier pretensión emancipativa del esquema partidario, del parlamentarismo o del sindicalismo, y pone de relieve que la acción directa, aquella gran donación de los clásicos, adquiere un carácter fundacional de cualquier pensamiento emancipativo actual. Ya no es pensable que las organizaciones tengan en sí la capacidad ni la función de transformar la sociedad, sino apenas, en el mejor de los casos, de librar batallas imprescindibles pero fatalmente insuficientes.

Sin la política, pensada de este modo, el carácter emancipativo de las organizaciones actuales quedaría arruinado por la reivindicación de los intereses existentes. La política es aquello que a una organización interesada (económica, territorial, cultural, etc.) le imprime potencialmente un carácter universal, desinteresado, capaz de trascender en sí su límite propio y necesario para componer, junto con cualquier otra organización, un factor de tensión subversivo. Esto es lo que inspira la afirmación de que el interés de la política es desinteresado: se trata de consolidar la autonomía de la política respecto de los intereses dados en un mundo cuya continuidad esa política se dispone a interrumpir.

Si la política fuera gestión, la rebelión sería necesariamente antipolítica. Pero si la política fuera gestión, faltaría el nombre de aquello que tiene la potencia de cortar de raíz el sentido nuclear del mundo vigente. No es la economía, no es la filosofía, no es el arte, ni la ciencia ni el amor: es aquello que a cualquiera de las experiencias del mundo, y en el sentido colectivo de la experiencia del mundo, le da la potencia de trascender esa experiencia y abonar un sentido igualitario capaz de subvertir las desigualdades que existen.

No somos todos diferentes, somos iguales. La política nos trae esta cuestión una y otra vez, obligándonos a discernir entre la gestión de intereses determinados por las diferencias del mundo, o la subversión de las desigualdades que la circunstancial distribución de esas diferencias produce. No es la identidad, núcleo de toda diferencia, lo que importa a la política, sino cómo esa identidad coexiste en plano de igualdad con las demás.

Si la política fuera gestión, una organización obrera, por ejemplo, sólo podría orientarse políticamente hacia los intereses que le son propios por su identificación obrera. Aunque no quisiera, acabaría defendiendo la existencia misma del trabajo, condición necesaria para la injusticia que combate. En tal contexto, una organización obrera antipolítica, sólo podría pensarse como organización revolucionaria destinada a la abolición de la sociedad de clases. Pero en esa misma determinación estaría emancipándose de su propio interés como clase obrera, en virtud de la abolición de clases como condición necesaria (aunque no suficiente) para abolir la desigualdad económica.

Su carácter antipolítico (respecto de una política identificada con la gestión) la obligaría a desprenderse de su condición obrera como núcleo de su sentido de ser, dado que su objetivo no es reivindicar esa identidad, sino subvertirla en la lucha social por la abolición de las clases. En la subversión de su propia identidad, esta organización estaría asumiendo una posición desinteresada, es decir, no determinada por los intereses existentes, sino por un interés de carácter universal, igualitario. Esta posición sería subjetiva, es decir, no determinada por razones evidentes ni objetivas, sino por la afirmación de la igualdad, algo que, cabe decir, no puede deducirse de ninguna experiencia. Diría: somos iguales, y la sociedad de clases arruina esa igualdad. Diría: la sociedad de clases es injusta, no sólo porque me perjudica, sino porque no se ajusta a la igualdad.

Una organización de estas características no esperaría resolver las injusticias del mundo negociando con los beneficiarios de esta desigualdad. Esperaría, al contrario, avanzar hacia una revolución social que permita abolir el trabajo, es decir, su matriz productiva. Apostaría por una manera diferente de resolver los asuntos económicos que actualmente, en el seno de una sociedad de clases, es imposible.

Una organización así, estaría impedida de hablar en nombre de su clase, porque advertiría prontamente que los intereses de su clase, si fueran objetivos, o bien serían representables políticamente, o bien estarían destinados a consolidar su propia condición. Advertiría prontamente que su antipolítica manda la negación de ser representada y, por lo tanto, de ser representante. Advertiría prontamente que su antipolítica es, en sí misma, una posición política que sostiene que la política no es gestión y que marca el rumbo de la expulsión de la política del régimen representativo, o viceversa.

Estos aspectos tan característicos que pondrían a esa organización en una posición tal que pueda defender los intereses de su clase y al mismo tiempo combatirlos; que imprimirían un carácter universal a su propia lucha particular; que abrirían para sí una potencia revolucionaria que al mismo tiempo le sería completamente trascendente, en la medida en que involucraría a cualquier otra organización capaz de compartir su matriz igualitaria; estos aspectos, digo, son políticos. Toda política emancipativa es antipolítica respecto de su propia tradición. Lo que esta organización estaría diciendo, a gritos, es que la política no es la gestión de intereses sino la subjetivación respecto de un orden dado, y de su posible e inmanente ruptura.

Este imaginario acerca de una organización económica es trasladable a cualquier otra organización porque no es un asunto metodológico. Toda organización tiene, implícita o explícitamente, un carácter político, aunque más no sea al asumir que la política es o no es idéntica a la gestión de intereses.

En los últimos 25 años algunas cosas cambiaron y otras no. Las personas seguimos siendo una extraña tensión entre las dimensiones singulares y colectivas de la experiencia humana. Algunos aspectos de esas experiencias han cambiado, otros no. Una de las cosas que no han cambiado es que algunas cosas cambian, y otras merecen cambiar. Cada uno de nosotros querrá cambiar o no las condiciones del mundo en que vivimos. A mí, debo decirlo, la injusticia me rebela. Y entiendo esa rebelión como el impulso indispensable para no reducirme a ser una pura víctima de la injusticia o un dócil paciente, observador alienado del mundo en que vivo. El mundo no cambia de individuo a individuo, y no está en mí sentarme a rezar. Se trata, ni más ni menos, que de la vida común, de nuestra experiencia colectiva. La política es ese aspecto de la cuestión que nos pone por delante quiénes, cómo, acerca de qué y en función de qué tomamos decisiones.

2001 dejó una marca insoslayable. La representación es la manera en la que unos ceden a otros su capacidad de decisión, es un mecanismo que consagra la irresponsabilidad ante los asuntos comunes. De nada me sirven la denuncia, ni la idolatría ni la resignación. Ante las desigualdades del mundo lo único que sirve es cambiar el mundo. Y para eso sirve la política.

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1. Ruego se me permita esta única nota aclaratoria. La cuestión del consumo está sobredimensionada actualmente. No creo que haya ningún problema con el consumo que no sea su falta o su desproporción. El consumo es el sentido mismo de la economía y es, por lo tanto, una pieza clave de la sociedad, al punto de ser un sentido suficiente para que la humanidad no sea una agregación maquínica de individuos animales. El tema es que es eso, ni más ni menos: un asunto económico, y no un asunto político. La glorificación del consumo implica la imposición de la razón económica al pensamiento político, y es por eso que aquí aparece como uno de los malos del cuento.