Cajamarca

Estado de excepción

Cajamarca

La población se moviliza en Cajamarca

Ante la serie de eventos que están ocurriendo en Latinoamérica es imprescindible la organización popular. Están en juego la economía y el medioambiente pero, principalmente, nuestra supervivencia.

El Estado, en tanto gendarme de la normalidad de los regímenes sociales, tiene por función garantizar la regularidad de las condiciones verificables a su interior. Esto significa que habrá de velar por la negación o, cuanto menos, por la neutralización de cualquier marca de inconsistencia de la estructura social.

Así es como el Estado opera de diversas formas según la situación lo amerite. Bloquea divergencias culturales a través de la escolarización masiva y la mediatización informativa, redobla los mecanismos identitarios a través de políticas representativas, reprime con la ley o con la fuerza cualquier ocurrencia divergente, etc. Se establece, en el marco constitucional de los Estados de Derecho, una regulación formal que tiende a la legitimación de la función estatal y a la introyección de esta función en los hábitos sociales. En efecto, para que la función estatal sea efectiva y perdure en el tiempo, es necesario que cuente con gran aceptación en el seno de la población, principalmente porque necesita a la población.

La función principal del Estado no es el exterminio, sino la crianza. En virtud de intereses sectoriales, el Estado opera para garantizar que esos intereses prosperen. Claro que los intereses no son únicamente económicos, y que cabe considerar (debemos hacerlo) la multiplicidad de funciones simbólicas que el Estado condensa y de las que se nutre para su legitimación social. Pero hay, indudablemente, una instrumentación económica de la función estatal en manos de sectores propietarios del capital que necesitan garantizar cierta pasividad y condescendencia de la población frente a las actuales condiciones de producción y consumo.

El punto es que la regularidad de las condiciones constitucionales del Estado de Derecho no es suficiente para gobernar a la población. De hecho, ante ciertos procesos de desajuste entre los discursos legitimantes y las necesidades operativas, los Estados cuentan con el régimen de excepción para echar por tierra lo que instituyeron como normalidad, en defensa de la normalidad.

Giorgio Agamben hizo referencia a esta cuestión de la excepcionalidad en las prácticas gubernamentales. Aún desconociendo el detalle del trabajo de Agamben, cabe afirmar que la pura mención del Estado de Excepción como patrón operativo de las políticas gubernamentales es un acierto importante. Lo que debemos observar es que, en este preciso momento, las excepciones se vuelven normales, toda vez que los Estados necesitan hacer efectivas ciertas operaciones que no pueden realizarse a través de la normalidad institucional. Estamos viendo cómo la crianza cede lugar al exterminio, y cómo es que la legitimación no requiere ni concentra los mismos esfuerzos gubernamentales.

Me motiva escribir este artículo una serie de noticias de los últimos días. Al mismo tiempo en que se trata en el Congreso Argentino, previa aprobación en comisiones, el proyecto de endurecimiento de la ley antiterrorista promulgada años antes por la iniciativa política de Néstor Kirchner, se declara el Estado de Excepción en Cajamarca, en el noroeste de Perú. Cristina Fernández de Kirchner ganó las últimas elecciones argentinas en una alianza franca con lo sectores más conservadores de la gubernamentalidad argentina, y con los más duros sectores de la economía mundial. Hace días anunció la implementación de un sistema biométrico de identificación que eriza la piel del más guapo, especialmente si algo de eso que Deleuze y Foucault nombraron biopolítica tiene, en efecto, la capacidad de describir las nuevas estrategias de dominio y de los dispositivos represivos.

En los casos mencionados, Perú y Argentina, el eje de conflictividad está ubicado en la explotación minera de la región sudamericana. La ley antiterrorista argentina está especialmente vinculada con la protección de los intereses de las empresas mineras frente a la movilización que las poblaciones de las regiones en cuestión (la región andina) sostiene en su contra. El caso chileno es emblemático. Si los procesados por la ley antiterrorista en chile fueran terroristas, estaríamos viviendo la época dorada del terrorismo mundial. Y es que, muy claramente, esas leyes tienen por objeto reducir los derechos civiles que el mismo Estado utiliza como instrumento de legitimación social. En otras palabras, es lo que se dice, desde el vamos, en la declaración de los derechos humanos: todo ciudadano tiene derechos que son inalienables, salvo que el Estado decida otra cosa. La sola acusación de terrorismo, figura ambigua si las hay en el derecho penal internacional, habilita a la vulneración de los derechos civiles.

Pero no solamente se trata de la ley antiterrorista. Otra de las leyes que tratará el Congreso Argentino en “sesiones extraordinarias”, es la ley de Emergencia Económica. Esta ley nació hace casi diez años, cuando la movilización social puso en jaque, aunque sea por un ratito nomás, a la política representativa en Argentina. Frente a semejante movilización, la operación reactiva del Estado consistió en recuperar inmediatamente la situación económica y afianzar de forma sistemática dos ideas que resultaron ser fundamentales para la restauración: 1- sin gobierno hay caos, violencia y crimen, y el nombre de eso es anarquía; 2- todo el desconcierto social, y el peligro de la anarquía, se debe al desmanejo de los asuntos económicos de la Nación, cuyos culpables fueron un manojo de funcionarios corruptos.

A partir de aquí, el paradigma de “la crisis” [1] pretendió justificar la ley de Emergencia Económica que, como toda ley de emergencia, lejos de habilitar a las poblaciones a organizarse sin las limitantes ordinarias de la intervención gubernamental, habilita a los Estados a despojarse de los mecanismos de control que son instituidos con la justificación de limitar los abusos del Poder.

En otras palabras, siendo que la crisis era acusada a los abusos del Poder, se le da más Poder al Poder Ejecutivo, para que ejecute como quiera el presupuesto nacional, y para que cuente con todos los medios para “contener” a la población frente a su propio terrorismo. Porque, hay que ver, el “terrorismo” que ha sido perseguido y condenado por las leyes antiterroristas, ha tenido siempre por protagonistas a luchadores sociales que opusieron resistencia a las avanzadas empresariales, protegidas por los Estados, en las regiones donde lo que se estaba disputando era la protección del medio ambiente y la riqueza natural de las sociedades, frente a su apropiación por parte de las empresas mineras.

Hay que decir que uno de los ejes de la crisis económica europea es el encarecimiento de los costes por aumento de los precios internacionales de las materias primas. El resultado de este aumento, frente a la situación crítica del sistema financiero, y frente a la necesidad de ajustes de las economías nacionales por presión de las corporaciones financieras, es la tan temida estanflación, que consiste en un aumento generalizado de los precios con una reducción de la actividad económica. Es la pesadilla de la economía mundial desde los años ’70, cuando la “crisis del petróleo’ puso en jaque a las economías centrales de occidente y dio lugar a la composición del nuevo enemigo: el mundo árabe. Quien piense que esto comenzó con dos torres y dos aviones, le está pifiando por mucho.

El punto, entonces, es que las economías centrales necesitan acceder a las materias primas de forma urgente. La ley de Emergencia Económica en Argentina ya tiene casi diez años. Mientras el Gobierno insiste en que la recuperación argentina es un ejemplo mundial, sostiene la ley de Emergencia. ¿Somos modelo para el mundo, o estamos en emergencia? Ocurre que la ley de Emergencia Económica debería llamarse ley de Expoliación Sudamericana, y llevar en el mismo cuerpo textual las leyes antiterroristas y los Decretos de Excepción.

Cajamarca está en huelga desde hace más de diez días. La intención del Gobierno Central de resolver ese conflicto negociando fracasó. La población de Cajamarca no quiere secar 4 lagunas (¡¡secar cuatro lagunas!!) para que la corporación minera de capitales estadounidenses Newmont (“monte nuevo”, si serán cínicos) extraiga oro del sustrato, a través de la empresa Yanacocha. Según infomine.com [2], Newmont realiza la exploración y explotación de oro en Estados Unidos, Australia, Perú, Indonesia, Ghana, Canadá, Uzbekistan, Bolivia, Nueva Zelanda y México. También extrae Cobre de Batu Hijau en Indonesia, donde ha habido controversias por la contaminación oceánica y el maltrato medioambiental. Newmont, a través de su “Proyecto Conga” quiere secar cuatro lagunas y reemplazarlas por lagunas artificiales que provean de agua para el funcionamiento de las tareas extractivas.

La población cajamarquina se levantó en huelga indefinida en defensa del agua de la región, intentando detener un impacto medioambiental irreversible. Ollanta Humala, otrora opositor de la avanzada minera en Perú, ahora que es Gobierno decide liberar la zona para que la avanzada represiva del Estado no tenga pruritos legales.

Actualmente, la necesidad de contar con población viva es menor que en otros tiempos. El sistema económico se desarrolla con un grado suficiente de productividad, y la población mundial es suficientemente numerosa, como para que gran parte de esa población sea desechable. La reacción de los Estados occidentales frente a la crisis económica europea comienza por el afianzamiento de las prácticas extractivas en Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, es decir, en los países periféricos. Las mejoras en la productividad que redundan en el enriquecimiento de las Economías centrales y en los salvatajes financieros a esas economías cuando están en crisis, redundan también en la destrucción medioambiental de los países periféricos, en su expoliación económica y en la condena a muerte de sus poblaciones.

Todo Estado es terrorista. Todo Estado se ampara en el terror de la población frente al imaginario manipulado de su ausencia y frente a su despliegue represivo. La más clara concepción de terrorismo es, precisamente, valerse del terror, generándolo y aprovechándolo, para obtener alguna clase de resultado. La estrategia gubernamental a través de los Estados de Excepción reafirma que no hay marco legal que pueda proteger la integridad de la población ni de sus recursos ambientales. Hoy, quizás más que nunca, vemos que es imprescindible la organización de las poblaciones del mundo en defensa de sí mismas, porque el exterminio no tendrá la forma tradicional de los genocidios del siglo XX, sino que renueva su dinámica con la creación de nuevos mecanismos, normales o excepcionales.

Quienes vivimos los años 90 en Argentina, y en Latinoamérica en general, sabemos lo que significa que poblaciones enteras sean condenadas a la exclusión social y económica. Las tasas de desempleo que hoy alertan a las poblaciones europeas con justa razón, son aún muy pequeñas en comparación con lo que fue la situación latinoamericana. Si a eso se le agrega la inexistencia práctica de subsidios por desempleo, estamos hablando de poblaciones enteras empujadas al hambre.

Milton Friedman decía que las crisis eran oportunidades para imponer proyectos económicos que en situaciones de normalidad serían rechazados por la población. Los Estados de Excepción utilizan el terror para consolidar operaciones que son resistidas por luchas populares. Es la fragmentación y el desgaste de las poblaciones directamente afectadas, frente a estructuras trasnacionales montadas sobre los Estados, lo que debilita enormemente cada resistencia y facilita el avance estratégico de las corporaciones en el mundo. Por eso es fundamental que se consoliden los lazos de solidaridad internacional y de respuesta colectiva, porque lo que hoy estamos viviendo no es un rejunte de conflictos inconexos, sino un proceso de reestructuración económico, político y social del mundo contemporáneo.

Ojalá que me equivoque.