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El testimonio de Ricardo Ferreyra volvió a sacar a la luz una realidad que casi nadie desconoce pero que, a la vez, nadie se atreve a enfrentar: el permanente accionar mafioso en la Justicia, la policía y la política de Mendoza.

Cada tanto reaparecen en primera plana evidencias de participación en actividades criminales u organización de las mismas por parte de miembros de las fuerzas policiales. Grupos de oficiales y subalternos vinculados a grandes robos, secuestros y aprietes extorsivos, asesinatos (¿recordamos el caso Cabezas?), tráfico de droga, etcétera. Esto sin contar los menos planificados casos de “gatillo fácil” como los asesinatos de Chandía, Bordón, el chico de Las Heras baleado y asesinado en la misma comisaría “en defensa propia”, el jugador de San Martín baleado cuando intentaba con los brazos en alto detener la represión a mansalva ante las cámaras y en el mismo campo de juego, el ataque a tiros en Perdriel contra chicos que tomaban carbón de un vagón y que le costó la vida a un chico de 14 dejando, además, a dos niños heridos de bala. En todos los casos se tiende a hablar de hechos aislados, de “abusos de autoridad” o de individuos de la fuerza policial que eligen de repente el camino del delito.

Sin embargo, estos hechos más miles de otros menos difundidos que se viven día a día dejan la certeza en la opinión pública de que algo huele mal no sólo en la institución policial sino también en todo el cuerpo estatal abocado a la “seguridad y justicia”.

Ricardo Ferreyra, presentado simplemente como un delincuente o un “ex convicto” por los medios gráficos, radiales y televisivos de la provincia tiene, la particularidad de ser de los pocos que se enfrentan hace años a los manejos más turbios de las fuerzas represivas. Sobre todo en su paso por la Penitenciaría Provincial es donde ha resultado más incómodo al orden mafioso establecido desde la oficialidad contra la dignidad de las personas y contra el mismo “proceso de reinserción social” que declaman las leyes. No callarse ante los atropellos permanentes y tratar de organizar la resistencia frente a ellos le valió, ya en el 2004, un intento de sacárselo de encima trasladándolo a un pabellón donde se había organizado un grupo armado contra él. La maniobra de los penitenciarios terminó con Ricardo internado en el hospital pero provocó como respuesta un motín por parte de los internos del penal, que tardó horas en ser sofocado, y una manifestación y piquete puertas afuera en solidaridad con los presos.

En el 2008 nuevamente llega a los medios cuando, por negarse muchos internos a participar en un motín que algunos oficiales promovían para presionar al interventor federal de la cárcel, éstos son trasladados a un pabellón que estaba clausurado y allí son golpeados, robados y castigados de todas formas y cotidianamente. También se organizan, Ricardo es uno de los delegados y, con apoyo de familiares, amigos y la Sociedad de Resistencia de Mendoza desde la calle, se consiguen obtener las reivindicaciones por condiciones mínimas de vida digna (que incluso el estado provincial y nacional debieron reconocer que eran negadas).

Además, sabían las mafias del aparato represivo que, tanto en la cárcel como en libertad, era uno de los pocos del ambiente que no habían conseguido que “tranzara” con ellos. Así que, al obtener su libertad de una causa en la que estaba sospechado, vieron la posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: acabarían con la independencia de quien se atrevía a desafiarlos y a no someterse pese a los ataques, calabozos y amenazas, y ganarían a la vez un soldado más para llevar a cabo sus proyectos de poder y lucro.

Es así que, a poco de reunirse nuevamente con su familia, Ricardo es retirado de su domicilio por policías a las órdenes del fiscal Giunta para llevarlo junto a un “soplón” (el tal “Richard”) a ver por primera vez un descampado desde donde debía declarar junto al otro que había visto a un tal “Pañalín” asesinar a un menor (Marcos Cardozo) y arrojarlo al zanjón. Comienza a entender entonces en el problema en que se encuentra y es trasladado a la comisaría de Luján donde el mismo fiscal le aclara que no importa que no haya visto nada, que debe firmar y aprenderse una declaración que ya lo estaba esperando. Ante su negativa se le recuerda que pueden armarle inmediatamente hasta 7 causas penales y que, por el contrario, de aceptar se le puede ir “dando una mano” con su expediente, además de conseguirle dinero y algún plan social.

Ante la reticencia de Ricardo el fiscal le explicita en concreto, a través de una llamada telefónica al ministro de seguridad Ciurca, el total apoyo del gobierno a esta metodología de “esclarecimiento de crímenes” y cómo no podría recurrir a nadie en “la justicia” para defenderse del ya evidente apriete. Se le dice que lo piense bien porque tiene una familia y nadie quiere que tengan problemas ni pasar el resto de sus días en la cárcel. Con total soltura, delante de él, el mismo fiscal presionaba por radio para que se realizara un allanamiento en el que los policías temían no encontrar nada. “Y si no encuentran nada se lo ponen”, aclara Giunta.
Nuevas presiones mediante, hacen firmar la declaración falsa a Ricardo y ver fotos varias del tal Pañalín para que lo reconozca incluso en rueda de testigos. Le comunican a Ciurca la buena nueva de que la declaración ya había sido firmada y se le recuerdan otra vez al “testigo falso” la “recompensa” y las deplorables tareas que le esperaban al corto plazo. En el traslado de vuelta a su domicilio los policías (hoy identificados) le comentan otros planes que tienen con él, entre ellos que participe en un asalto que han estado preparando y que ayude a extorsionar a un tal gordo Milton (que ya ha corroborado en tribunales los aprietes), empresario de Luján, que no había accedido a entregarles la suma por ellos exigida a cambio de no involucrarlo en alguna causa y enviarlo a la cárcel. Con éste último, Ricardo debía encontrarse y colocarle un kilo de marihuana en un operativo sorpresa, para que la extorsión rindiera sus frutos.

Muy atemorizado, Ricardo no sabía bien qué hacer ni a quién recurrir. Ante la vigilancia policial y que aún debía firmar una vez por semana ante la Justicia se le hacía difícil incluso huir con su familia de la provincia o del país. Seguía decidido a no tranzar con el poder; pero las alternativas también eran nefastas.
Desesperado, temiendo por él y por su familia y no dispuesto a dejar pasar esa declaración falsa que involucra a un completo desconocido en tan tremenda causa, temiendo la cárcel pero más aún que pasara más tiempo y que lo fueran involucrando más y más en los negocios sucios de las “fuerzas de seguridad”, se decidió por fin a confiar en su abogado Carlos Varela (esperando que al menos éste no estuviera relacionado con una mafia a la que no se le veían los límites). La situación era de extrema urgencia y dificultad, no creía poder denunciar a nadie un accionar en el que parecía participar el poder en su conjunto. Por otro lado, la difusión mediática y a través de las organizaciones sociales de Mendoza no iba a alcanzar a impedir a tiempo que Ricardo y su familia sufrieran las peores consecuencias.

Afortunadamente, el abogado Varela, tras escuchar a Ricardo y ver las pruebas que había podido obtener de lo que le decía se decidió a hacerse cargo del caso, por demás complicado y peligroso. Grabaron un video donde Ricardo (previendo lo que pudiera pasarle por decidirse a enfrentar al poder) contaba lo que le había ocurrido, mostraba parte de las pruebas que tenía con la declaración que le hicieron firmar incluida, y un diario de ese día para que todo quedara bien registrado. Abogado y defendido presentaron la denuncia en la Justicia Federal, preparándose para la reacción que pudiera venir. Pero la Justicia Federal se declaró incompetente, con la excusa de que no se presentaban pruebas concretas de algo que vincule al ministro de seguridad, al fiscal o a los policías con el tráfico de droga, y pasó la causa a la fiscalía delitos complejos de la provincia. En ese momento Ricardo consideró que lo mejor era abandonar como sea la provincia con su familia aunque quedara poco después a la orden del día por no ir a firmar. Pero la circulación del material por los medios masivos de información de la provincia y el boom que generó la acusación contra los funcionarios sacó el problema a la luz todos los días en tapas de diarios, en noticieros y radios, e impidió que el expediente durmiera cómodo en algún cajón mientras se perseguía a Ricardo por cielo y tierra.

Se sumaron abogados a la querella, se sumarió a los policías, se declaró incompetente al fiscal Giunta en la causa que pesa sobre Ricardo y se abocó de lleno al caso la Inspección General de Seguridad (a cargo de Orquín, cobista, que junto con otros opositores al gobierno de Jaque también se sintieron tentados de ahondar en el tema). La mutual de los policías llegó a amenazar con hacer un paro si se separa de la fuerza a los policías involucrados y el ministro de seguridad y el fiscal titubearon con excusas débiles e inverosímiles intentando desligarse del caso.
Así como se quería meter a la cárcel con pruebas fraguadas al Pañalín por la muerte de Marcos Cardozo, el mismo fiscal perdió, los últimos días, la posibilidad de condenar al acusado de matar al policía Cedrón por problemas con los testigos encubiertos que había presentado, por lo que el acusado quedó absuelto.

El tema ya se ha vuelto una lucha a la luz pública de Ricardo y su abogado contra, al menos, una mafia policial y judicial. Los que critican el “gatillo fácil” y los abusos de autoridad, la corrupción de las fuerzas represivas, la evidencia de accionar mafioso dentro del poder político y judicial, ¿van a seguir consintiendo con su indiferencia y conformidad a que todo siga igual? Incluso los que solo quieren “más seguridad” y se saltean o quieren acallar este tema porque quien lo pone sobre el tapete “es un delincuente” ¿es a propósito que no quieren ver la “manito peluda” que organiza gran parte de la “inseguridad” que viven? ¿Qué les hace ponerse automáticamente a favor de este poder ineludible y corruptor y en contra de quien lo denuncia? Nadie puede vivir más “inseguro” que quien cae en las manos de estos mafiosos y extorsionadores profesionales. ¿Cómo cabría esperar que la mayoría de “los delincuentes” pobres tengan cualidades morales tan superiores a la del crítico en cuestión que elijan siempre rebelarse contra esta presión en vez de acceder a seguirle el juego, ganando algo de impunidad y dinero hasta que sean descartados del todo?

La pelea ya está planteada y está en juego la libertad y la vida de Ricardo y su familia. Nosotros nos sumamos a ellos para intentar poner un freno a estas mafias y demostrar que se puede resistir victoriosamente a la corrupción del poder, que organizando resistencia se puede ir transformando la realidad y cambiar el mascullar críticas por lo bajo por una actitud digna de rebeldía contra el privilegio, la jerarquía y el sucio manejo de nuestras vidas por parte del poder de turno.
Invitamos a sumarse a organizaciones o individuos que no estén dispuestos a tolerar pasivamente que al pueblo le pasen por arriba. En la solidaridad, la ayuda mutua y la acción directa está la fuerza que necesitamos. Pedimos con urgencia que se discuta y difunda esta situación. La próxima víctima de estas mafias podemos ser nosotros, aún sin darnos cuenta.

Para más información comunicarse a nuestra casilla de mails:
socderesistenciamza@gmail.com

Un fraternal abrazo a todos los que lucha por la libertad y la igualdad para todos.

Horacio Seo
Sociedad de Resistencia Mendoza
FORA / AIT