Desaparecidos

Hace unos días tuve una conversación con un compañero mendocino que me abrió una dura reflexión. Hoy, a raíz de la desaparición en Escobar de Luis Gerez me decidí a volcarla aquí en el blog por dos motivos y dos propósitos.

Motivos:
1: me urge reaccionar contra las desapariciones porque las considero aberrantes y no creo en las segundas mejillas
2: reflexionar en escritos me sirve para ir formando mis propias ideas

Propósitos:
1: intento abrir las discusiones que considero importantes con quienes acepten la propuesta de confrontar ideas de forma creativa y solidaria para fortalecer las ideologías autónomas y libertarias, entendiendo siempre a las ideas como imágenes mentales (orgánicas) y no como abstracciones salidas o quitadas del mundo social. Las ideas componen acción y no se oponen a ella.
2: existe la necesidad de cuestionar lo incuestionable. En el mundo democrático los “Derechos Humanos” se han instituido como discurso progresista y poner en cuestión su determinación hegemónica pareciera ser una tácita prohibición.

Parto de la base de que eso que llamamos “derechos” implica una visión legalista de la libertad. Si se da una lectura a las declaraciones internacionales de derechos humanos se ve que constituyen descripciones de todo lo que una persona puede hacer mientras el Estado lo tolere. Los derechos humanos son, actualmente, una reivindicación de “las libertades” de los hombres respecto del Estado, y se autoriza (o se acepta autorizar) al Estado a quebrarlas cuando éste se encuentra amenazado.

Muchos de los que nos criamos en tiempos de dictadura fuimos muy influenciados por el pensamiento democrático como antagonismo maniqueo de la dictadura. En lo personal salirme de los discursos democráticos implicó una ruptura muy profunda y radical que no ha sido fácil. Y siempre quedan astillas.

Julio López fue llamado el 30.001. Yo mismo usé esa expresión en este mismo bolg. Sin embargo sabemos que hay permanentemente violaciones a esos “derechos humanos” que no se contabilizan porque forman parte de una negación colectiva. Para corroborarlo basta con revisar las publicaciones de la CORREPI o sencillamente basta con salirse de la oficialidad informativa de los medios de comunicación o de los reclamos sectorizados de los “organismos”.

En Mendoza me contaban acerca del caso de este pibe de 14 años que fue asesinado mientras sacaba carbón de un tren carguero en Luján de Cuyo. El pibe se llamaba Mauro Morán. El mismo diario Clarín dice, en una nota del 6 de mayo, lo siguiente:

La reacción violenta y trágica de ayer de la Policía mendocina, tiene numerosos antecedentes similares. Las denuncias de torturas, desapariciones y muertes en los últimos años llevaron a la ONG Human Right Watch, en 1998 a mencionar a la Policía de Mendoza como una de las más brutales.

Uso este ejemplo porque es el que conversamos en Mendoza y no porque sea más o menos importante que todos los demás. El punto es el siguiente: ¿tiene sentido pedir el desmantelamiento de las fuerzas represivas y a la vez pedir juicio y castigo? ¿Tiene valor el discurso en defensa de los derechos humanos cuando es perfectamente asimilada por el mismo sistema que reprime?

La Nación dice: “Una fuente que suele transmitir las palabras del Presidente dijo casi a medianoche que la desaparición de Gerez “es un mensaje mafioso” con “connotaciones políticas” en contra del presidente Kirchner. “Esto está dirigido contra la política de derechos humanos del Presidente y para parar los juicios que se vienen por la represión”, añadió la fuente.

Y luego dice: “Gerez había acusado a Patti de haberlo torturado”. “Consultado por LA NACION, Patti dijo: “Me parece que este palo no es para mí solamente. Es también contra el gobierno nacional y contra el provincial. Hay temas que van contra las instituciones más que contra un dirigente.”

La demanda democrática de imponer la legalidad regente y reivindicar la institucionalidad política estatal es en sí misma una demanda de reestructuración del aparato represivo según las nuevas condiciones políticas.

Con palabras de la CORREPI: “Se confirma así, con los números, que una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, en la Argentina “democrática” la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983 ya no se reprimiría en forma abierta y sistemática, sino silenciosamente, con masividad pero sin repercusión pública. Cumplida por la dictadura la tarea iniciada años antes de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos y grupos políticos radicalizados, el objetivo de esta “represión preventiva” es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación, para garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista fuera cuestionado seriamente en el país. Qué mejor para lograr ese objetivo que la atemorización del pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, y potenciados por el grado de “naturalización” que los invisibiliza.

“[…] El análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva, precisamente por ser el sector con mayor potencialidad de rebeldía y por ende quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de dos tercios de los casos corresponden a la franja de varones pobres de 15 a 25 años.

“[…] “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura”, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que una y otra vez han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado.

El reclamo de aparición con vida de Julio López y ahora de Luis Gerez, las denuncias de Carlos Lossada así como las distintas denuncias de amenazas e intimidaciones a militantes o testigos, son imprescindibles. No se trata de negar este fenómeno de avance de sectores duramente represivos sino de señalar que es mentira que la numeración 30.002 sea más que una bandera sectaria. El “gobierno de los Derechos Humanos” es un gobierno represor y particularmente violador de esos mismos derechos que invoca.

Pero todo esto no es un asunto de derechos. No debe ser posible torturar, asesinar, desaparecer, secuestrar, y dar uso de las demás prácticas del sometimiento más violento y explícito. Estas prácticas son prácticas de Estado. Históricamente el discurso de los organismos gravitó en torno al hecho de que haber sido aquellos crímenes perpetrados por el Estado era un agravante del caso. Actualmente se le da más importancia a los crímenes de organizaciones mafiosas paraestatales (o al menos así se intenta administrar las culpas) que a las flagrantes violencias represivas del Estado. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han exigido siempre, al Estado, la aparición con vida porque, decían, ellos se los habían llevado. El Estado fue responsable de los crímenes hasta que asumió Kirchner. Luego del festejo compartido en Plaza de Mayo con el presidente bonachón, Madres y Abuelas cambiaron el rumbo. Ya no era el Estado, sino los otros gobiernos. No son las madres y abuelas del pibe que tortura y asesina el Estado en manos del Kirchnerismo día por medio actualmente. Son las Madres de los militantes torturados y asesinados entre 1976 y 1983. Son las madres de sus propios hijos, lo cual no es para nada cuestionable. Pero no son madres ni abuelas de ninguna dignidad.

Las cifras K son impactantes:

CANTIDAD DE CASOS DURANTE LA ACTUAL GESTIÓN PRESIDENCIAL (sobre casos 25/5/2003- 6/12/2006)
• 2003: 103 desde el 25/05/03
• 2004: 178
• 2005: 195
• 2006: 159 hasta el 6/12/06
El promedio de casos en los 42 meses de gestión K es de un muerto día por medio.

CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO (sobre casos 2003-2006)
• Muerte en cárcel o comisaría: 42,04 %
• Gatillo fácil: 42,04 %
• Fusilamiento por discusión: 8,11 %
• Asesinato de Terceros: 1,62 %
• Causas Fraguadas: 0,44 %
• En protesta social: 0,15 %
• Otras modalidades: 5,60 %

RANGO DE EDAD DE LA VÍCTIMA (sobre total de casos con datos)
• Hasta 14 años: 0,90 %
• De 15 a 25 años: 67,78 %
• De 26 a 35 años: 18,56 %
• De 36 a 45 años: 6,64 %
• Más de 45 años: 6,1 %
En el Gráfico nº 5 se aprecia que casi el 40 % de las víctimas era menor de 21 años, lo que correlacionado con el anterior confirma el perfil del blanco del gatillo fácil y la tortura: adolescentes y adultos jóvenes.”

Por todo esto creo que es importante dar la discusión acerca del sentido que puedan tener los reclamos de “Juicio y Castigo”. En este momento en que escribo escucho en el noticiero de Canal 13 que la desaparición de Luis Gerez es de una “enorme gravedad institucional”. Y entonces la pregunta es si ese es el problema. ¿El problema es verdaderamente la gravedad institucional? ¿Son las instituciones en peligro lo que nos alarma? ¿O la desaparición de Luis Gerez y el asesinato de Mauro Morán, la desaparición de Julio López y el asesinato día por medio?

La institucionalidad cuya integridad es reclamada a gritos en virtud de la democracia es aquella que asesina y que tortura y que desaparece. La institución que juzga y castiga tiene la virtud de saber seleccionar entre los miembros de una clase y los de otra. Es la institucionalidad que admite que en Luján de Cuyo (por seguir con el ejemplo) se vive en tales condiciones que se hace urgente robar carbón.

¿Y entonces qué hacemos? se me dirá inmediatamente, ¿dejamos a todos los milicos sueltos?. Es necesario romper este perverso maniqueísmo que opone lo malo a lo peor con tal determinación que la bestialidad de un modelo dictatorial se constituye en el justificador, legitimador y soporte argumental de esta otra dictadura, la democrática, que lo que hace, más que transformar un sistema de violenta represión, es desplazarlo hacia otro destinatario. El juicio y castigo no es respuesta. Yo prefiero, indudablemente, la democracia a la dictadura. Yo prefiero, indudablemente, que Etchecolatz esté preso y no tranquilo en su casa. Pero ninguna de estas opciones es válida ni merece ser proclamada. Elegir y decidir son dos cosas bien diferentes. Si la decisión no está en manos de la población autónoma independiente de toda estructura represiva, si se admite y reivindica el Estado con toda su institucionalidad, no hay salida ética, política ni socialmente válida, y estaremos demasiado cerca de reprimir con las mismas herramientas con las que somos o fuimos reprimidos.

Notas

1 Las citas a CORREPI de este artículo son tomadas de su página de internet, más concretamente del siguiente enlace: http://www.correpi.lahaine.org/articulo.php?p=755&more=1&c=1
propongo que se lea ese artículo que describe y analiza la situación actual del aparato represivo en Argentina.
2 http://www.clarin.com/diario/2006/05/06/policiales/g-01190633.htm
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-77837.html
4 Detalla la CORREPI: Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1- Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
2- Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3- Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.
4- Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil “culposo” (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.
5- El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.